Bruselas exige a España un plan contra los apagones: ¿burocracia o lección de una gran crisis?
La Comisión Europea inició un procedimiento contra España porque Madrid no presentó a tiempo un plan actualizado de actuación ante una crisis energética. España no es el único país afectado: Francia también recibió un requerimiento, mientras que Bélgica fue objeto de una segunda advertencia. Por ahora no se trata de un proceso judicial, sino de la primera fase de un procedimiento de infracción de la legislación de la UE. Si los países no cumplen las exigencias, el caso podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
A primera vista, la situación resulta casi paradójica: un Estado no prepara a tiempo un documento relacionado con su propia seguridad y Bruselas tiene que recordarle su obligación bajo la amenaza de posibles sanciones. Sin embargo, España acaba de comprobar en la práctica por qué este tipo de planes puede ser necesario.
El 28 de abril de 2025, prácticamente toda la España peninsular y Portugal se quedaron sin electricidad. Trenes y metros dejaron de funcionar, los semáforos se apagaron y se produjeron problemas en las telecomunicaciones y los pagos electrónicos. La recuperación del sistema eléctrico fue posible, entre otras medidas, gracias a las interconexiones con Francia y Marruecos y al uso de instalaciones capaces de arrancar después de un apagón total.
La investigación de ENTSO-E concluyó que la catástrofe no fue provocada por una única avería, sino por una compleja secuencia de acontecimientos: oscilaciones en la red, problemas de tensión, pérdida de generación y desconexiones en cascada. Precisamente para situaciones de este tipo, las normas europeas exigen definir con antelación las actuaciones de los operadores y las autoridades, la protección de las infraestructuras críticas, los mecanismos para limitar el consumo y la coordinación con los países vecinos.
Además, un apagón es solo uno de los posibles escenarios de una crisis nacional. Los planes energéticos contemplan fenómenos meteorológicos extremos, escasez de combustible, fallos técnicos, ciberataques y daños físicos a las infraestructuras. Para otros tipos de emergencias existen mecanismos específicos de protección civil.
España conoce bien este tipo de crisis. Durante la erupción del volcán Cumbre Vieja, en La Palma, en 2021, fue necesario evacuar a miles de residentes y establecer un sistema interinstitucional de gestión de la emergencia. Una huelga nacional del transporte pertenece a otra categoría de riesgo: en estos casos, el Estado puede establecer servicios mínimos obligatorios para evitar la paralización completa del sistema.
Es imposible prever todas las situaciones de emergencia. Por eso, los sistemas modernos de seguridad no se construyen alrededor de una única instrucción "para casos de catástrofe", sino sobre distintos escenarios: quién asume el mando, qué servicios deben intervenir, qué infraestructuras tienen prioridad y dónde se encuentran los recursos de reserva.
Pero el caso de España, Francia y Bélgica plantea otra pregunta bastante incómoda: ¿por qué la Unión Europea tiene que obligar a Estados soberanos a elaborar documentos que, en primer lugar, deberían ser necesarios para ellos mismos?
Hay al menos dos posibles explicaciones. La primera responde al clásico principio de actuar solo cuando el problema ya se ha producido: prepararse para una catástrofe poco probable suele perder la batalla presupuestaria y política frente a los problemas inmediatos. La segunda apunta en la dirección contraria: existen tantos documentos, procedimientos, coordinaciones y reglamentos nacionales y europeos que un plan realmente importante puede terminar convertido en un papel más dentro de una enorme maquinaria administrativa.
Pero existe una tercera razón. En un sistema energético europeo interconectado, la seguridad de un país dejó hace tiempo de ser exclusivamente un asunto interno. Si una gran perturbación puede afectar a los vecinos, Francia o España ya no preparan sus planes de emergencia únicamente para protegerse a sí mismas.
Ahí reside una de las paradojas de la Unión Europea. No se trata de una "guardería" en la que Bruselas tenga que obligar a los Estados a cuidar de sí mismos. Pero, al incorporarse voluntariamente a la Unión, los países aceptaron unas normas comunes de obligado cumplimiento, mientras que la Comisión Europea recibió competencias para supervisar su aplicación e incluso recurrir ante los tribunales.
Por eso, la controversia admite dos lecturas. Puede interpretarse como una muestra de que la burocracia europea tutela en exceso a los Estados. O puede verse como una consecuencia de lo ocurrido en los últimos años: incluso los Estados con instituciones desarrolladas necesitan a veces un plazo externo estricto para hacer con antelación aquello cuya necesidad solo parece completamente evidente después de una catástrofe.
El sindicato sostiene que esta situación impide el relevo generacional del profesorado pese a que la comunidad autónoma figura en el top 6 de financiación disponible por habitante.
