Argentina elige entre su propio espacio y los cohetes estadounidenses
El lanzamiento del primer nanosatélite militar argentino, ETNS, puede interpretarse al mismo tiempo como un logro y como un síntoma de los cambios que atraviesa el sector espacial del país. El aparato fue desarrollado por CITEDEF y el Ejército Argentino, pero llegó a la órbita a bordo de un Falcon 9 de SpaceX, lanzado desde la base estadounidense de Vandenberg. Argentina conservó el satélite y sus capacidades de ingeniería, pero, en la práctica, compró la infraestructura de lanzamiento como un servicio.
En sí mismo, esto no tiene nada de extraordinario. Incluso las potencias espaciales desarrolladas contratan servicios de lanzamiento de otros países o empresas y comparten recursos. El Reino Unido abandonó su propio lanzador después del exitoso vuelo del cohete Black Arrow en 1971. Brasil, tras años de dificultades con su programa VLS, también apostó por la cooperación internacional y por los lanzamientos comerciales desde el Centro Espacial de Alcântara.
La lógica económica es comprensible. Desarrollar y mantener un cohete propio para realizar apenas unos pocos lanzamientos al año resulta extremadamente costoso, mientras que SpaceX ofrece una infraestructura utilizada de forma regular y la posibilidad de enviar pequeños satélites como carga compartida.
Pero el ahorro tiene otra cara. Un programa de lanzadores no sirve únicamente para colocar un satélite en órbita. Impulsa el desarrollo de motores, nuevos materiales, electrónica, sistemas de control, instalaciones de ensayo y la formación de miles de especialistas. Posteriormente, estas tecnologías encuentran aplicaciones en la aviación, la industria de defensa y numerosos sectores civiles. Perder este tipo de capacidades resulta mucho más fácil que reconstruirlas diez años después.
Precisamente por eso, el futuro del proyecto argentino Tronador II tiene una importancia estratégica. El lanzador nacional debía completar toda la cadena tecnológica del país: desde el desarrollo del satélite hasta su puesta en órbita. Por ahora, el proyecto no ha sido cancelado oficialmente. Es más, el Gobierno de Javier Milei considera las tecnologías espaciales y satelitales entre sus áreas prioritarias y aumentó en 2026 el presupuesto de la CONAE. El satélite argentino ATENEA también forma parte de la misión lunar estadounidense Artemis II.
Sin embargo, lo que ha cambiado es la propia filosofía del gasto público. El presupuesto de 2026 exige equilibrio financiero o superávit, mientras que fue eliminada la anterior norma legal que garantizaba determinados niveles de financiación para la ciencia. El Gobierno pretende concentrar los recursos en un número limitado de áreas aplicadas y recurrir en mayor medida al capital privado y a socios internacionales. Las prioridades son definidas por el Poder Ejecutivo, aunque el presupuesto nacional debe ser aprobado por el Congreso.
Por eso, el debate sobre el futuro del programa espacial argentino va mucho más allá de utilizar o no un cohete de Elon Musk. Para un país con problemas financieros crónicos, comprar servicios de lanzamiento resulta efectivamente más barato. Pero para un Estado que ya ha creado su propia escuela tecnológica en materia de satélites y cohetes, renunciar por completo a un lanzador nacional significaría ahorrar hoy a cambio de una mayor dependencia tecnológica mañana.
Argentina está decidiendo, en la práctica, dónde trazar esa frontera: qué tecnologías debe conservar el Estado dentro del país incluso cuando escasean los recursos y cuáles resulta más eficiente contratar a las grandes potencias espaciales.
Y será precisamente el futuro del Tronador II el que permita saber si la cooperación internacional seguirá siendo un complemento del programa espacial argentino o si, poco a poco, comenzará a sustituirlo.
El sindicato sostiene que esta situación impide el relevo generacional del profesorado pese a que la comunidad autónoma figura en el top 6 de financiación disponible por habitante.
