Una familia con dos personas vulnerables se enfrenta a un desahucio en Las Palmas de Gran Canaria

Natalia no tiene dónde ir el próximo lunes a las 10:00. En el barrio de Las Rehoyas, Las Palmas de Gran Canaria, se enfrenta a un desahucio que deja en la calle a cuatro personas: ella, su hijo de once años, una hija con una discapacidad del 100% y un sobrino con esquizofrenia. No tiene red familiar ni alternativa de vivienda.

La casa, que Natalia ocupó hace trece años cuando estaba abandonada, fue acondicionada con la ayuda de vecinos que hicieron colectas para poner ventanas y arreglar la cocina. Hoy, su supervivencia básica depende de una vecina del quinto, quien le suministra la luz y el agua. El inmueble pertenece ahora a Trova Capital S. L., una empresa con sede en Madrid.

El bloqueo administrativo ha sido la única barrera hasta ahora. En 2023, el Ayuntamiento emitió un informe de vulnerabilidad que permitió paralizar el lanzamiento gracias al llamado "escudo social". Sin embargo, esa protección ha dejado de existir tras el rechazo del decreto por parte de PP, Vox y Junts per Catalunya.

Ante el riesgo inminente, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha informado de que enviará un nuevo informe de vulnerabilidad de oficio al Juzgado del Tribunal de Instancia número 12, aunque el juez no lo haya solicitado formalmente. El objetivo es que el tribunal considere la situación de la familia para frenar el desalojo.

Para Natalia, el tiempo se ha agotado. "Si me paran ahora el desahucio cuatro meses, ¿después qué hago? No pido un palacio; pido un techo", afirma. Por su parte, el colectivo Derecho al Techo denuncia la falta de una alternativa habitacional adecuada para una unidad familiar en situación de fragilidad extrema.