En el Centro de Entrenamiento Paralímpico del Parque Estadio Nacional, en Ñuñoa, el presidente José Antonio Kast presentó un plan que modifica el mecanismo de acceso a beneficios estatales para personas con discapacidad. El objetivo es reducir la brecha entre la existencia de una condición y la posibilidad real de certificarla. Actualmente, 96 mil solicitudes acumulan un retraso promedio de nueve meses, lo que impide a muchos ciudadanos acceder a pensiones, subsidios o apoyos que requieren una constancia oficial.
La ministra de Salud, May Chomali, atribuyó la demora principal a la incompletitud de la documentación y a la falta de notificación oportuna de rectificaciones. Para abordar esto, durante octubre se contactará directamente a quienes esperan respuesta mediante correos electrónicos o llamadas del sistema Salud Responde. Esta medida busca eliminar la necesidad de traslados presenciales a las oficinas de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compín) solo para consultar el estado de un trámite, centralizando la gestión en la calificación técnica realizada por profesionales de salud acreditados.
La nueva plataforma digital, operativa desde el 28 de septiembre, ya procesó 3 mil solicitudes en menos de 15 días. El sistema permite a los usuarios realizar un seguimiento en tiempo real, reemplazando la incertidumbre por un flujo rastreable. Además, se incorporará la posibilidad de realizar el Instrumento de Valoración de Desempeño en Comunidad (IVADEC-CIF) de manera telefónica, previo agendamiento, a través de Salud Responde.
Según las autoridades, más de 75 mil de las solicitudes pendientes continuarán avanzando en el sistema sin que los solicitantes deban reiniciar el proceso desde cero. Quienes al término de octubre no hayan recibido información deberán recurrir a Salud Responde o a la plataforma de licencias médicas para obtener orientación directa.
El presidente Kast señaló que la agilización de la certificación tendrá efectos en cadena en el Estado. Si bien cerca de tres millones de personas en Chile presentan algún grado de discapacidad, solo unas 700 mil están inscritas en el registro oficial. Al aumentar la eficiencia, se espera que el número de inscritos llegue a un millón. Esto incrementará la demanda sobre la Superintendencia de la Discapacidad (Senadis) y obligará a otros servicios públicos a actualizar sus bases de datos y servicios para absorber esta nueva población certificada.
La estrategia busca que el cambio sea estructural y no solo administrativo, asegurando que la reducción de tiempos de espera no sea una excepción puntual, sino la regla para quienes dependen de esta certificación para su sustento y bienestar.