En diez ciudades de Bolivia, una de cada tres familias modificó su rutina diaria para comprar comida: redujo el número de raciones al día. Este cambio no fue una elección dietética, sino una consecuencia directa del aumento de precios del diésel y, con él, del costo de los alimentos básicos, según un monitoreo de la Defensoría del Pueblo.
El informe titulado "Monitoreo del acceso a alimentos y su impacto en el ejercicio del derecho a la alimentación en Bolivia” detalló que entre el 31 de julio y el 25 de septiembre de 2026, 18 de 21 alimentos esenciales experimentaron incrementos superiores al 100%. Algunos productos duplicaron o triplicaron su valor original. Este escenario se registró en las nueve ciudades capitales del país y en El Alto, donde la institución realizó 63 entrevistas a jefes de hogar, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
La presión sobre el presupuesto doméstico es cuantificable: el 71% de los hogares encuestados considera insuficientes sus ingresos para adquirir alimentos. El 76% destina entre el 50% y más del 90% de sus recursos exclusivamente a la compra de comida. Pedro Callisaya, defensor del Pueblo, señaló que esto implica una regresión en el ejercicio efectivo del derecho a la alimentación, más allá de su reconocimiento formal.
El retiro de la subvención al diésel activó una cadena de costos que afectó de manera diferenciada a grupos con menor capacidad de absorción del golpe económico. El monitoreo identificó un mayor impacto en personas adultas mayores y personas con discapacidad, quienes enfrentan restricciones adicionales para sostener una dieta adecuada.
Como respuesta al alza de precios, las familias iniciaron una sustitución de productos por otros de menor costo, pero también de menor valor nutricional. Callisaya alertó sobre la posibilidad de un deterioro en la calidad nutricional de la población, advirtiendo que los cambios de hábitos alimenticios son una señal de alerta que requiere intervención estatal.
El defensor exhortó a las autoridades competentes a adoptar medidas urgentes para proteger la alimentación de las familias, enfatizando que la situación actual refleja un impacto real en la mesa de la población boliviana debido al ajuste de precios derivados de la política de combustibles.