Exmagistrada del TSJ describe detención de familiares como coacción para firmar inhabilitaciones

La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Bárbara César, publicó un video de 45 minutos en YouTube donde describe la secuencia de hechos que, según su versión, la condujo a dimitir de su cargo en la Sala Político-Administrativa. César afirma que entre diciembre de 2023 y enero de 2024 fue objeto de presiones institucionales y familiares para firmar las inhabilitaciones políticas de varios dirigentes opositores, entre ellos María Corina Machado, así como para renunciar a su posición en el máximo tribunal.

El eje central de su relato es la detención de dos de sus hermanos, militares activos, y de su cuñada. Según César, Guillermo César, teniente coronel, fue sentenciado a 12 años de cárcel, mientras que su hermano Guillermo Henry César, mayor, recibió una pena de 3 años por encubrimiento en el caso conocido como "Brazalete Blanco”. Diana Desiré Victora Justo, la cuñada, también fue condenada a 3 años. La exmagistrada sostiene que estas aprehensiones, ejecutadas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), no respondían a una investigación judicial estándar, sino que se utilizaron como mecanismo de coacción para influir en sus decisiones jurisdiccionales.

La línea temporal de la presunta coacción

César reconstruye los eventos a partir del 15 de diciembre de 2023, fecha en que, según indica, se introdujeron recursos legales ante el TSJ para revisar las inhabilitaciones de figuras políticas como Machado, Henrique Capriles, Pablo Pérez y otros. Ese mismo día, asegura, fue detenido su primo y sus hermanos. "Desde ese momento no supe dónde se encontraban. No tuve comunicación con ellos. A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme”, declaró en el video.

El procedimiento que describe la exmagistrada difiere de la narrativa oficial presentada por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en enero de 2024. Saab vinculó a los familiares de César con una supuesta conspiración para provocar disturbios y robar armas de cuarteles. César refuta estas acusaciones, afirmando que los hechos narrados por la Fiscalía -disturbios, heridos, robos de armamento- no ocurrieron, y que las fechas de ocurrencia de los supuestos delitos no coinciden con las fechas de detención de sus familiares.

Presión sobre el ejercicio de la función judicial

Según el testimonio de César, la presión se materializó a través de directivos del TSJ. La entonces presidenta del tribunal, Caryslia Beatriz Rodríguez, y el primer vicepresidente la citaron en repetidas ocasiones para exigirle la firma de decisiones de habilitación e inhabilitación política que, según ella, ya habían sido resueltas internamente por la mayoría de la sala, pero que requerían su visto bueno como miembro competente.

César narra que el 19 de diciembre de 2023, un día después de la introducción del recurso de Machado, el presidente de la Sala solicitó el expediente de la líder opositora a la Contraloría General de la República sin consultar al resto de los magistrados. Posteriormente, una funcionaria asociada a la presidencia de la sala le llevó documentos para su firma. La exmagistrada afirma que firmó estas decisiones el 22 de diciembre de 2023, bajo la amenaza implícita derivada de la situación de sus familiares, y que luego le exigieron firmarlos nuevamente el 26 de enero de 2024 para formalizar el acto.

Renuncia forzada y consecuencias administrativas

La tensión culminó cuando César afirma haber sido forzada a presentar su renuncia. "Viéndome forzada a entregar la renuncia por segunda vez. Para ese momento habían transcurrido 52 días sin haber visto ni tenido comunicación con mis tres familiares”, relató. La exmagistrada señala que la administración de su retiro no fue regular: su ingreso administrativo al sistema de jubilación del TSJ se realizó hasta el 15 de octubre de 2024, y afirma haber sido negada la pensión de jubilación a la que tendría derecho según la normativa vigente, a pesar de cumplir con los parámetros de antigüedad y servicio.

En su video, César denuncia "violencia institucional, psicológica y patrimonial”, y señala que sus familiares fueron trasladados a la prisión El Rodeo I, donde fueron vistos encapuchados, una práctica que organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente. Su último contacto directo con sus hermanos antes de la publicación del video ocurrió el 17 de agosto de 2024, tras las elecciones presidenciales de julio de ese año.

La exmagistrada concluye solicitando la intervención de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y organizaciones como Human Rights Watch, así como de colegios de abogados y defensores nacionales, para que monitoren su caso y el de sus familiares. Su testimonio, sin embargo, constituye una versión unilateral de los hechos; el Gobierno y los órganos que menciona -la Fiscalía, la Dgcim y la Dirección de Prisiones- no han emitido una respuesta pública específica a este video en el momento de la redacción de esta nota, por lo que la verificación de las acusaciones de coacción y las irregularidades procesales sigue pendiente ante instancias judiciales o de derechos humanos.

Author`s name Yulia Shestakova
Corresponsal de Pravda.Ru