El 60% de los empresarios en Colombia afirma que podría mantener la operación de sus negocios sin necesidad de incentivos tributarios. Así lo revela un estudio conjunto entre Cifras & Conceptos y el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, un dato que cuestiona la efectividad de las exenciones fiscales como motor de sostenibilidad empresarial y pone el foco sobre el costo que estos beneficios representan para las finanzas públicas.
El análisis evidencia una paradoja en la distribución de los alivios fiscales: mientras que el 71% de las grandes compañías considera que no requiere de estos incentivos para sobrevivir, son precisamente ellas las que más acceden a estos mecanismos. En contraste, el 56% de las pequeñas empresas y el 61% de las medianas perciben que podrían operar sin ellos, aunque su acceso es significativamente menor.
La subutilización de estas herramientas es otra constante. Solo el 30% de los encuestados reportó haber hecho uso de incentivos tributarios en los últimos cinco años. Esta brecha se explica, en parte, por el diseño de los instrumentos; herramientas como las zonas francas uniempresariales imponen requisitos técnicos y administrativos que resultan inalcanzables para el tejido empresarial pequeño, donde además prevalecen el desconocimiento de la norma y el temor a procesos de fiscalización por parte de la DIAN.
Dentro de los mecanismos más aprovechados destacan las exenciones de IVA (43%) y las rentas exentas (37%), instrumentos que actualmente están en el centro de la discusión de la nueva reforma tributaria. Las rentas exentas se concentran principalmente en sectores de hotelería, ecohoteles y generación de energía mediante fuentes no convencionales.
El estudio también resalta la existencia de descuentos tributarios por donaciones al régimen especial, inversiones ambientales y el IVA en activos reales productivos, así como tarifas reducidas de renta para zonas afectadas por el conflicto armado o zonas de desarrollo económico especial.
Desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana se advierte que esta estructura genera una distorsión en la equidad. Al acceder a más beneficios, las grandes empresas suelen registrar tasas efectivas de tributación más bajas que las pequeñas, lo que implica que su esfuerzo proporcional frente al Estado es menor.
César Caballero, gerente de Cifras & Conceptos, señaló que propuestas como el Régimen Único de Gestión Estratégica (RUGE) -que plantea una tarifa de renta del 20% por 16 años para inversiones superiores a $135.000 millones- tienden a reproducir este esquema, beneficiando únicamente a organizaciones con alta capacidad de capital.
Finalmente, los expertos sugieren que la creación y permanencia de estos incentivos no debería ser un proceso aislado, sino que debe estar estrictamente vinculado a la discusión del Presupuesto General de la Nación, asegurando que cualquier beneficio fiscal tenga un sustento técnico y no afecte la sostenibilidad de los ingresos públicos.